Emely Peguero: nueve años después, su historia sigue marcada por el reclamo de justicia
Emely Peguero tenía solamente 16 años y cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses cuando su desaparición conmocionó a la República Dominicana. Lo ocurrido con la adolescente provocó indignación nacional, movilizó comunidades enteras y dio origen a un reclamo de justicia que trascendió las fronteras de su provincia.
La fecha del 23 de agosto de 2017 quedó asociada al inicio del caso, cuando su familia dejó de tener noticias de ella. Ocho días después, el 31 de agosto, su cuerpo fue encontrado en la comunidad de La Guama, en el municipio de Cayetano Germosén, provincia Espaillat.
En agosto de 2026 se cumplieron nueve años de aquel acontecimiento. Por eso, durante los últimos días de ese mes, el nombre de Emely volvió a ocupar espacios informativos y publicaciones conmemorativas en las redes sociales.
Para muchas personas, recordarla también significa mantener vigente una exigencia: que ninguna adolescente vuelva a quedar desprotegida frente a la violencia y que las instituciones actúen oportunamente cuando existen señales de peligro.
Una adolescente cuya historia paralizó al país
Emely Peguero Polanco residía en Cenoví, distrito municipal perteneciente a San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Era una adolescente de apenas 16 años cuya vida y futuro quedaron truncados por un crimen que generó una profunda conmoción en la sociedad dominicana.
Cuando sus familiares dejaron de tener noticias de ella en agosto de 2017, comenzó una búsqueda que rápidamente adquirió alcance nacional. Familiares, vecinos, voluntarios y autoridades participaron en las labores destinadas a conocer su paradero.
Mientras transcurrían los días, la preocupación aumentaba. Los medios de comunicación seguían las informaciones relacionadas con el caso y numerosas personas expresaban su solidaridad con la familia, que esperaba recibir noticias sobre la adolescente.
La confirmación de su muerte provocó una reacción de indignación en distintos sectores del país. La situación era todavía más dolorosa porque Emely estaba embarazada y esperaba un bebé al que sus familiares habían decidido llamar Jacob Moisés.
La noticia convirtió el caso en uno de los acontecimientos judiciales y sociales más comentados de aquel año. Las preguntas sobre lo ocurrido, las responsabilidades y la respuesta de las autoridades acompañaron durante meses el desarrollo del proceso.
¿Qué ocurrió durante aquellos días de agosto de 2017?
Las investigaciones establecieron la responsabilidad penal de Marlon Martínez, quien mantenía una relación sentimental con Emely y era señalado como el padre del bebé que ella esperaba.
El expediente presentado ante los tribunales reconstruyó las circunstancias del crimen y las actuaciones posteriores relacionadas con el ocultamiento del cuerpo. Durante el proceso también fue juzgada Marlin Martínez, madre de Marlon.
El caso recibió una enorme atención pública. Las audiencias congregaban a periodistas, ciudadanos y personas que exigían que los responsables recibieran las sanciones correspondientes.
La madre de Emely, Adalgisa Polanco, se convirtió en una de las principales voces del reclamo de justicia. Su presencia pública y sus declaraciones reflejaron el dolor de una familia que tuvo que enfrentar la pérdida de una hija adolescente y, al mismo tiempo, seguir de cerca un proceso judicial complejo.
Para muchas personas, su lucha representó también la de una madre que se negó a permitir que la historia de su hija quedara en el olvido.
Las decisiones tomadas por los tribunales
Después de un proceso judicial ampliamente seguido por los medios de comunicación, Marlon Martínez recibió una condena de 30 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de Emely Peguero.
En el caso de Marlin Martínez, la condena inicial de cinco años fue reducida posteriormente a dos años de prisión. Esa decisión provocó fuertes cuestionamientos por parte de los familiares de Emely y de ciudadanos que consideraban insuficiente la sanción.
La reducción de la pena fue objeto de recursos presentados por el Ministerio Público y por los padres de la adolescente. Sin embargo, el 28 de diciembre de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó los recursos de casación y confirmó las condenas establecidas.
De esa manera, quedó ratificada la pena de 30 años impuesta a Marlon Martínez y la condena de dos años correspondiente a Marlin Martínez. Esta última recuperó su libertad después de cumplir la pena que le fue impuesta.
La decisión de la Suprema Corte cerró esa etapa de los recursos de casación, aunque no eliminó las diferencias y cuestionamientos que la sentencia había provocado entre familiares y sectores de la sociedad.
Un caso que provocó un reclamo nacional
La historia de Emely trascendió el ámbito judicial. En calles, medios de comunicación y redes sociales se multiplicaron las expresiones de solidaridad con su familia y las peticiones de mayor protección para las adolescentes.
El caso también puso bajo observación la manera en que las instituciones reaccionan ante situaciones de violencia. La discusión pública se extendió hacia la necesidad de identificar señales de riesgo, atender las denuncias y garantizar que las personas vulnerables puedan recibir protección.
Para muchas familias dominicanas, lo ocurrido dejó una reflexión dolorosa: la prevención no puede comenzar cuando una tragedia ya se ha producido. Es necesario contar con orientación, acompañamiento, mecanismos de denuncia y respuestas oportunas ante amenazas, manipulación, control o comportamientos violentos.
La indignación que generó el caso se convirtió así en una exigencia más amplia: fortalecer las herramientas destinadas a proteger a niñas, adolescentes y mujeres, y evitar que las señales de peligro sean ignoradas.
¿Qué ha cambiado nueve años después?
En 2017, la República Dominicana aplicaba el Código Penal anterior, cuya estructura general procedía de una legislación del siglo XIX. En los años siguientes se debatieron reformas destinadas a actualizar las normas penales y responder a nuevas realidades sociales.
La Ley núm. 74-25 instituyó un nuevo Código Penal dominicano, promulgado el 3 de agosto de 2025 y puesto en vigencia general en agosto de 2026. La normativa incorpora expresamente el feminicidio y establece distintas sanciones según las circunstancias del crimen.
El artículo 93 contempla penas de 30 a 40 años de prisión mayor para el feminicidio. Por su parte, el artículo 94 establece una modalidad agravada con una pena de 40 años cuando se presentan determinadas circunstancias, entre ellas que la víctima sea una niña o adolescente o que se encuentre embarazada.
Estas disposiciones representan un cambio en el marco legal dominicano para los casos que correspondan a la aplicación temporal del nuevo código. Sin embargo, no modifican automáticamente las condenas impuestas por hechos ocurridos en 2017.
La sentencia del caso de Emely fue dictada bajo la legislación aplicable en aquel momento. Por eso, no corresponde aplicar retroactivamente una norma penal posterior para aumentar una condena firme, salvo las reglas legales de favorabilidad que pudieran resultar aplicables a una situación concreta.
El contraste entre ambas etapas permite observar cómo ha evolucionado la legislación dominicana y cómo los casos de violencia contra las mujeres han influido en las discusiones sobre justicia, prevención y protección.
La prevención continúa siendo uno de los mayores desafíos
Una legislación más estricta puede establecer sanciones importantes, pero las penas por sí solas no eliminan la violencia. Uno de los principales desafíos continúa siendo identificar las señales de peligro antes de que una situación alcance consecuencias irreparables.
Las organizaciones que trabajan con adolescentes destacan la importancia de crear espacios seguros donde puedan hablar sin miedo y recibir orientación. También es necesario prestar atención a comportamientos como el aislamiento impuesto, las amenazas, el control excesivo de la pareja y las presiones que afectan su libertad o seguridad.
Las familias, los centros educativos, los servicios de salud y las autoridades tienen responsabilidades complementarias. Escuchar sin juzgar, tomar en serio una señal de alerta y facilitar el acceso a ayuda profesional puede marcar una diferencia importante.
La educación sobre relaciones saludables también resulta fundamental. Los celos extremos, la vigilancia constante, la intimidación y la manipulación no deben confundirse con expresiones de amor. Reconocer estas conductas desde edades tempranas ayuda a evitar que la violencia se normalice.
Emely y Jacob Moisés permanecen en la memoria
La familia de Emely no solamente recuerda a la adolescente. También mantiene vivo el recuerdo de Jacob Moisés, el bebé que esperaba y que formaba parte de sus ilusiones para el futuro.
Cada aniversario puede revivir sentimientos difíciles para sus seres queridos. Sin embargo, recordar sus vidas también constituye una manera de afirmar que ambas tenían valor y que lo ocurrido no debe reducirse a un expediente judicial o a una cifra.
El rostro sonriente de Emely continúa apareciendo en publicaciones, homenajes y mensajes de reflexión. Esa imagen contrasta con la dureza de su historia y permite recordarla por quien fue, por su juventud y por el futuro que no pudo vivir.
Su familia ha mantenido presente el reclamo de justicia y la necesidad de que el caso no sea olvidado. Para quienes acompañaron la búsqueda y siguieron el proceso judicial, su nombre continúa representando una historia que marcó profundamente al país.
Una historia que República Dominicana no olvida
Nueve años después, la conmoción provocada por el caso de Emely Peguero sigue presente en la memoria colectiva dominicana. Su historia quedó asociada a una exigencia de justicia y a la necesidad de proteger con mayor firmeza a niñas, adolescentes y mujeres.
También recuerda que detrás de cada expediente existen familias que deben enfrentar durante años las consecuencias de la violencia. Para ellas, los aniversarios no son simples fechas del calendario, sino momentos que pueden traer de vuelta el dolor y la ausencia.
Recordar a Emely debe servir para algo más que volver a contar lo sucedido. Su historia puede convertirse en una oportunidad para hablar sobre prevención, protección, relaciones saludables y la importancia de actuar ante cualquier señal de violencia.
El mejor homenaje consiste en construir una sociedad donde ninguna adolescente tenga miedo de pedir ayuda, donde las denuncias sean atendidas con seriedad y donde la protección llegue antes de que sea demasiado tarde.
Si tú o alguien cercano atraviesa una situación de violencia o peligro, busca apoyo de personas de confianza y de las autoridades correspondientes. No es necesario enfrentar una situación de riesgo en silencio.