¿Cárcel por obligar a un profesor a cambiar una nota? El proyecto que busca proteger a los docentes en Perú
Entrar a un aula para enseñar, colocar una calificación, aplicar una medida disciplinaria o informar a los padres sobre la conducta de un estudiante forma parte de las funciones de un docente. Sin embargo, una propuesta legislativa presentada en Perú busca establecer consecuencias penales específicas cuando esas funciones sean obstaculizadas mediante amenazas, violencia o agresiones.
El proyecto fue presentado en septiembre de 2026 y propone modificar el Código Penal para reforzar la protección de docentes y otros trabajadores de instituciones educativas. La iniciativa todavía es un proyecto y se encuentra en etapa de comisión, por lo que las penas planteadas no constituyen una nueva sanción vigente.
¿Qué propone el proyecto de ley?
La Proposición Legislativa 00364-2026-2031-CD plantea modificar los artículos 121 y 122 del Código Penal y establecer un tratamiento específico para las agresiones contra personal de instituciones educativas cuando estén relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa fue presentada por el diputado Marino Lavado Valdivia, de Juntos por el Perú, junto con otros parlamentarios. El planteamiento busca incluir dentro de la protección a docentes, directores, auxiliares y personal vinculado con labores de tutoría, convivencia y gestión educativa.
La propuesta contempla diferentes penas dependiendo de la gravedad de las lesiones ocasionadas.
- Lesiones leves: entre 3 y 6 años de prisión, además de la inhabilitación correspondiente.
- Lesiones graves: entre 4 y 8 años de prisión.
- Si la agresión causa la muerte del educador: entre 15 y 20 años de prisión.
El proyecto establece condiciones relacionadas con el contexto de la agresión. Entre ellas, que el responsable conozca la condición de educador de la víctima y que el hecho tenga relación con las funciones que esta desempeña dentro de la institución educativa.
¿Cárcel por obligar a cambiar una calificación?
Uno de los puntos que más atención ha generado es la modificación propuesta para el delito de coacción.
El proyecto plantea elevar la sanción cuando una persona utilice violencia o amenazas para obligar a un docente a modificar una calificación, anular una medida disciplinaria o evitar que comunique determinados hechos a los padres de familia.
En esos casos, la propuesta contempla una pena de entre 2 y 4 años de prisión.
La misma disposición alcanzaría situaciones en las que se intente impedir, mediante amenazas o violencia, que el docente adopte determinadas decisiones relacionadas con sus funciones.
La propuesta no convierte automáticamente estos hechos en delitos con cárcel
Hay una diferencia importante entre una propuesta legislativa y una ley vigente. El proyecto todavía debe seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y eventualmente ser aprobado para convertirse en una norma aplicable.
Por eso, decir que en Perú ya existe una nueva ley que envía a prisión a quienes intenten cambiar una nota mediante amenazas sería incorrecto. Lo que existe actualmente es una iniciativa que plantea modificar las sanciones penales.
Este detalle puede parecer pequeño, pero en asuntos legales cambia completamente el significado de una noticia. Internet, naturalmente, suele preferir el titular de ocho palabras antes que el párrafo que explica cómo funciona una ley.
¿A quiénes busca proteger?
La protección planteada no se limita exclusivamente a los profesores frente al aula.
El proyecto incluye a diferentes trabajadores de las instituciones educativas cuando sean víctimas de agresiones, amenazas, coacciones u otros actos relacionados con el desempeño de sus funciones.
Esto incluye a docentes, directores, auxiliares y personal que desempeñe labores de tutoría, convivencia u orientación dentro de instituciones educativas públicas y privadas.
La intención es que la protección penal tenga relación con el trabajo que realiza la víctima. Es decir, no se trata simplemente de crear una categoría especial para cualquier conflicto ocurrido dentro de un colegio, sino de considerar aquellas situaciones en las que la agresión esté vinculada con las funciones educativas.
¿De dónde surge la propuesta?
La iniciativa apareció en un contexto de preocupación por situaciones de violencia y presión dentro de instituciones educativas.
Medios peruanos señalaron que la presentación del proyecto ocurrió después de denuncias relacionadas con el Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja. En ese contexto, también se difundieron declaraciones de docentes que denunciaron presiones vinculadas con las calificaciones y la conducta de estudiantes.
La discusión legislativa, sin embargo, debe distinguir entre los hechos específicos que dieron contexto a la propuesta y el contenido concreto del proyecto. Una denuncia o declaración sobre un caso particular no significa que todos los colegios enfrenten exactamente la misma situación.
¿Qué ocurre si quien amenaza al profesor es menor de edad?
La edad del presunto responsable también es un elemento importante.
Un adolescente no queda automáticamente sometido al mismo régimen penal ordinario que una persona adulta. En Perú existe un sistema especializado de responsabilidad penal adolescente, con reglas y consecuencias diferentes de las aplicables a los adultos.
Por esa razón, una eventual aprobación de las modificaciones propuestas no significaría que cualquier estudiante menor de edad recibiría automáticamente una condena de prisión ordinaria por un conflicto con un profesor.
La responsabilidad dependería de factores como la edad, la conducta concreta, las circunstancias del caso y las normas aplicables al sistema especializado correspondiente.
El derecho de los estudiantes y padres a reclamar también importa
Proteger a los docentes frente a amenazas o agresiones no significa eliminar la posibilidad de cuestionar una calificación o una medida disciplinaria.
Los estudiantes y sus familias pueden considerar que una nota es incorrecta, que una sanción no corresponde o que una decisión escolar debe ser revisada. La diferencia está en la forma utilizada para presentar ese reclamo.
Una reclamación puede realizarse mediante los procedimientos establecidos por la institución educativa y las autoridades competentes. La propuesta legislativa busca actuar sobre un escenario distinto: cuando el desacuerdo se transforma en amenazas, violencia o presión para obligar al docente a modificar una decisión.
La discusión sobre la autoridad dentro de las aulas
El debate que plantea esta iniciativa no se limita a las calificaciones.
También pone sobre la mesa la relación entre autoridad docente, disciplina escolar, derechos de los estudiantes y responsabilidad de las familias.
Un profesor necesita poder desarrollar sus funciones sin convertirse en objetivo de amenazas por una nota, una sanción o una comunicación dirigida a los padres. Al mismo tiempo, los estudiantes necesitan contar con mecanismos claros para cuestionar decisiones que consideren incorrectas.
El equilibrio consiste en diferenciar un reclamo legítimo de una conducta intimidatoria o violenta.
¿Qué tendría que ocurrir para que las nuevas penas entren en vigor?
El proyecto debe continuar su recorrido dentro del Congreso peruano. Su presentación no significa que las modificaciones propuestas ya formen parte del Código Penal.
Como ocurre con cualquier iniciativa legislativa, el texto puede ser analizado, modificado, aprobado, rechazado o quedar pendiente durante el proceso parlamentario.
Por ahora, las cifras de 2 a 4 años por coacción y de hasta 20 años en determinados casos de agresión corresponden a lo que plantea el proyecto presentado en septiembre de 2026.
Una propuesta que abre un debate más amplio
La iniciativa peruana plantea una pregunta que va más allá de una simple calificación escolar: ¿hasta dónde puede llegar un reclamo de un estudiante o de una familia antes de convertirse en una amenaza contra la autoridad educativa?
La propuesta busca reforzar la protección penal de quienes trabajan en las instituciones educativas, especialmente cuando son víctimas de agresiones o presiones relacionadas con sus funciones.
Al mismo tiempo, cualquier modificación legal tendrá que convivir con los mecanismos que permiten a estudiantes y padres cuestionar decisiones académicas o disciplinarias por vías institucionales.
Por ahora, no se trata de una nueva ley que ya establezca cárcel por intentar cambiar una nota. Se trata de un proyecto presentado en el Congreso peruano que propone aumentar las consecuencias penales cuando se utilicen amenazas o violencia para interferir en determinadas decisiones de los docentes.