CECOT: sin visitas, sin celulares y con poco acceso al aire libre, el debate sobre la prisión de máxima seguridad de El Salvador
El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la política de seguridad de El Salvador. Desde su inauguración en 2023, el enorme complejo penitenciario ha sido presentado por el Gobierno de Nayib Bukele como parte de su estrategia para mantener aislados a miembros de estructuras criminales consideradas peligrosas.
Al mismo tiempo, las condiciones del recinto han generado una fuerte discusión internacional. Mientras una parte de la población salvadoreña relaciona la estrategia de seguridad con la drástica reducción de los homicidios, organizaciones de derechos humanos han cuestionado las condiciones de detención y las garantías de las personas recluidas.
Así aparece una pregunta que va más allá del CECOT: ¿hasta dónde puede llegar una prisión de máxima seguridad en nombre de la seguridad pública?
¿Qué es el CECOT?
El Centro de Confinamiento del Terrorismo fue inaugurado en enero de 2023 en Tecoluca, en el departamento de San Vicente. El complejo fue construido como una prisión de máxima seguridad destinada principalmente a personas vinculadas, según las autoridades, con estructuras criminales.
La capacidad anunciada inicialmente fue de 20.000 personas y posteriormente el Gobierno salvadoreño elevó la cifra reportada a 40.000. Human Rights Watch ha señalado que una instalación de ese tamaño también genera interrogantes sobre la posibilidad de ofrecer un tratamiento individualizado a los internos. [oai_citation:2‡Human Rights Watch](https://www.hrw.org/news/2025/03/20/human-rights-watch-declaration-prison-conditions-el-salvador-jgg-v-trump-case?utm_source=chatgpt.com)
El CECOT fue diseñado para funcionar con fuertes medidas de seguridad y aislamiento. Su ubicación, infraestructura y régimen interno buscan dificultar las comunicaciones y reducir al mínimo la capacidad de organización de las personas recluidas.
Una política de seguridad que redujo los homicidios
El contexto resulta importante para entender por qué el modelo salvadoreño tiene respaldo dentro del país.
El Salvador pasó de registrar tasas de homicidios extremadamente elevadas durante la década anterior a alcanzar cifras mucho menores durante el Gobierno de Bukele. Un documento oficial publicado por la Presidencia salvadoreña señala que la tasa pasó de 106,15 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,9 en 2024. [oai_citation:3‡presidencia.gob.sv](https://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2025/07/ENG-Resumen-ejecutivo-INV-2025_250708_175507.pdf?utm_source=chatgpt.com)
Estos resultados son utilizados por el Gobierno para defender el régimen de excepción y su estrategia contra las pandillas. Reuters también ha señalado que las políticas de seguridad de Bukele han sido asociadas con una fuerte reducción de los homicidios, aunque organizaciones de derechos humanos cuestionan los métodos utilizados para conseguir esos resultados. [oai_citation:4‡Reuters](https://www.reuters.com/world/americas/el-salvador-court-tries-over-400-alleged-gang-leaders-47000-crimes-2026-04-21/?utm_source=chatgpt.com)
Para muchas personas que vivieron durante años bajo amenazas, extorsiones y violencia de las pandillas, la reducción de los homicidios representa un cambio enorme en su vida cotidiana.
Ese contexto explica parte del respaldo social al modelo. Para quienes recuerdan el miedo provocado por las pandillas, una prisión extremadamente restrictiva puede ser vista como un precio aceptable para impedir que los grupos criminales recuperen el control de las calles.
¿Cómo son las condiciones dentro del CECOT?
Las condiciones descritas por organizaciones de derechos humanos son considerablemente más duras que las de un sistema penitenciario convencional.
Human Rights Watch ha documentado que no se permiten visitas familiares en el CECOT y que las personas recluidas permanecen sometidas a fuertes restricciones de comunicación. También ha señalado que las celdas no cuentan con luz natural, ventilación ni ventanas convencionales, y que las luces permanecen encendidas de manera permanente. [oai_citation:5‡Human Rights Watch](https://www.hrw.org/report/2025/11/12/you-have-arrived-in-hell/torture-and-other-abuses-against-venezuelans-in-el?utm_source=chatgpt.com)
Las imágenes difundidas desde el interior muestran grandes espacios compartidos con literas metálicas. De acuerdo con testimonios recogidos por Human Rights Watch, algunos antiguos detenidos describieron condiciones de higiene deficientes, falta de privacidad y una permanencia prolongada dentro de las celdas.
También se ha documentado que las comidas se entregan en recipientes de plástico y pasan a través de los barrotes de las celdas. Algunos periodistas que visitaron el centro describieron que los internos comen con las manos y que pueden salir de las celdas durante periodos breves al pasillo central. [oai_citation:6‡Human Rights Watch](https://www.hrw.org/report/2025/11/12/you-have-arrived-in-hell/torture-and-other-abuses-against-venezuelans-in-el?utm_source=chatgpt.com)
El acceso al aire libre es uno de los puntos más discutidos
Una de las críticas más repetidas está relacionada con el acceso a espacios abiertos.
Human Rights Watch indicó que antiguos detenidos entrevistados para su investigación afirmaron que durante gran parte de su permanencia permanecían encerrados en las celdas y que no tenían acceso regular al exterior. Las salidas ocasionales descritas correspondían principalmente al pasillo del módulo para realizar alguna actividad física o religiosa. [oai_citation:7‡Human Rights Watch](https://www.hrw.org/report/2025/11/12/you-have-arrived-in-hell/torture-and-other-abuses-against-venezuelans-in-el?utm_source=chatgpt.com)
Esto es diferente de una prisión convencional con patios destinados a actividades recreativas al aire libre. Precisamente por eso, el acceso a la luz natural, la ventilación y la posibilidad de realizar actividades físicas se han convertido en elementos centrales de las críticas.
El aislamiento como herramienta de seguridad
Desde la perspectiva de las autoridades, limitar las comunicaciones tiene una finalidad concreta: impedir que las estructuras criminales continúen operando desde las prisiones.
La preocupación no es completamente nueva. Durante años, las autoridades salvadoreñas acusaron a líderes de pandillas de mantener capacidad de comunicación y organización incluso mientras estaban encarcelados.
El Gobierno ha defendido medidas destinadas a cortar esas comunicaciones y mantener a los internos bajo estricta vigilancia. El problema aparece cuando la seguridad penitenciaria entra en conflicto con otras necesidades básicas de las personas privadas de libertad.
Una prisión de máxima seguridad puede tener restricciones severas. Pero la discusión internacional se centra en qué límites deben mantenerse incluso cuando se trata de personas acusadas o condenadas por delitos extremadamente graves.
No todos los detenidos están necesariamente en la misma situación jurídica
Otro punto importante es evitar una simplificación frecuente: no todas las personas recluidas bajo la política de seguridad salvadoreña pueden describirse automáticamente como delincuentes condenados mediante una sentencia definitiva.
El régimen de excepción implementado desde 2022 produjo decenas de miles de detenciones. Algunas personas han sido acusadas de pertenecer a pandillas o de participar en delitos relacionados con ellas, mientras que organizaciones de derechos humanos han denunciado casos de detenciones arbitrarias y problemas relacionados con el debido proceso.
En 2026, Reuters informó sobre un juicio colectivo contra 486 presuntos miembros de la MS-13, acusados por las autoridades de miles de delitos. El proceso forma parte de las consecuencias legales de la ofensiva contra las pandillas y también ha generado cuestionamientos sobre las garantías de defensa. [oai_citation:8‡Reuters](https://www.reuters.com/world/americas/el-salvador-court-tries-over-400-alleged-gang-leaders-47000-crimes-2026-04-21/?utm_source=chatgpt.com)
¿Qué dicen las organizaciones de derechos humanos?
Human Rights Watch y Cristosal han documentado denuncias mucho más graves que las relacionadas únicamente con la falta de comodidad.
En una investigación publicada en 2025 sobre ciudadanos venezolanos trasladados al CECOT, ambas organizaciones denunciaron golpes, malos tratos, aislamiento prolongado, problemas de higiene, atención médica insuficiente y falta de actividades recreativas o educativas. Human Rights Watch calificó algunas de las conductas documentadas como posibles actos de tortura o trato cruel, inhumano o degradante. [oai_citation:9‡Human Rights Watch](https://www.hrw.org/report/2025/11/12/you-have-arrived-in-hell/torture-and-other-abuses-against-venezuelans-in-el?utm_source=chatgpt.com)
Estas acusaciones son particularmente importantes porque cambian el centro de la discusión. Ya no se trata solamente de preguntar si una prisión debe ser dura, sino de establecer qué prácticas pueden considerarse aceptables dentro de un sistema penitenciario.
El papel de la Cruz Roja
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha realizado visitas humanitarias a lugares de detención en El Salvador. El CICR explica que sus visitas a personas privadas de libertad buscan, entre otras cosas, evaluar las condiciones de detención y restablecer vínculos familiares cuando estos se interrumpen. Para que estas visitas sean eficaces, la organización establece procedimientos que incluyen acceso a los lugares de detención y posibilidad de hablar con detenidos en privado. [oai_citation:10‡CICR](https://www.icrc.org/es/articulo/preguntas-frecuentes-nuestra-accion-en-favor-de-las-personas-detenidas?utm_source=chatgpt.com)
La presencia del CICR no significa que todas las condiciones denunciadas por otras organizaciones queden confirmadas automáticamente. Su trabajo humanitario tiene objetivos y procedimientos específicos. Por eso, cada afirmación sobre las condiciones del CECOT debe atribuirse a la fuente correspondiente.
¿Seguridad o derechos humanos?
La discusión suele presentarse como si hubiera que elegir entre seguridad y derechos humanos. Pero el problema es más complejo.
Un Estado tiene la responsabilidad de proteger a su población frente a organizaciones criminales violentas. También tiene la responsabilidad de garantizar que las personas bajo su custodia sean tratadas de acuerdo con las normas legales aplicables.
Ambas obligaciones pueden coexistir.
La dificultad está en determinar dónde se encuentra el límite. Impedir que un líder criminal continúe dirigiendo una organización desde una prisión puede ser una medida de seguridad. Otra cosa sería permitir condiciones innecesariamente crueles o abusos contra personas que se encuentran bajo custodia estatal.
Una prisión puede ser segura sin dejar de ser humana
El debate sobre el CECOT probablemente continuará porque representa dos realidades que pueden existir simultáneamente.
Por un lado, El Salvador experimentó una reducción extraordinaria de los homicidios y muchas personas atribuyen una parte importante de ese cambio a la estrategia de seguridad del Gobierno. Por otro, organizaciones internacionales han documentado graves preocupaciones sobre las condiciones de detención y las garantías de las personas recluidas.
Reconocer una realidad no obliga a negar la otra.
La seguridad de una población es importante. También lo es el trato que recibe una persona una vez que queda bajo custodia del Estado. Incluso cuando se trata de alguien acusado o condenado por delitos graves, el poder estatal tiene límites jurídicos y humanos.
La pregunta que deja el CECOT no es únicamente si una prisión debe ser estricta.
La pregunta es hasta dónde puede llegar esa dureza antes de convertirse en una forma de trato incompatible con la dignidad humana.
El Salvador ha demostrado que una política de seguridad extremadamente dura puede producir resultados que sus defensores consideran históricos. Al mismo tiempo, las denuncias sobre las condiciones penitenciarias muestran que la reducción del crimen no elimina el debate sobre cómo debe funcionar el sistema de justicia.
Al final, la discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra del CECOT. También implica preguntarse qué modelo de seguridad quiere una sociedad y qué límites considera que el Estado debe respetar incluso cuando enfrenta a las organizaciones criminales más peligrosas.